• 15/12/2017

    Consternación en las organizaciones defensoras de los derechos humanos tras el fallo de un tribunal de El Salvador que ratificó este miércoles la condena a 30 años de prisión a Teodora Vásquez por “homicidio agravado” que es como se tipifica la acusación de, supuestamente, acabar con la vida de un bebé al momento del nacimiento.  

    Teodora Vásquez, de 34 años, lleva10 años en prisión por un delito que ella siempre a negado ya que afirma que su parto fue espontáneo y el feto nació muerto. Vasquéz forma parte del grupo de “Las17”,  haciendo referencia a mujeres que han sido sentenciadas por delitos relacionados con la crminalización del aborto que se vive en el país.

    Según el abogado de Teodora, en la situación actual tras esta injusta resolución, evaluará la posibilidad de interponer un nuevo recurso una vez pueda evaluar el fallo, que se dará completo el próximo 20 de Diciembre.

    En la actualidad al menos 31 mujeres salvadoreñas están en prisión por casos similares, ya que en El Salvador el aborto está completamente prohibido y penalizado con cárcel en cualquier circunstancia, también cuándo la mujer es víctima de violación, incesto o su vida corra peligro.

    Desde organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como Amnistia Internacional o Human Rights Watch, se han lanzado campañas exigiendo su libertad. El mismo Parlamento Europeo, ha pedido a El Salvador que libere a las mujeres encarceladas por aborto. En su resolución además de apelar a la suspensión de la aplicación de la actual legislación, que prohibe el aborto sin excepción. También menciona específicamente que se  suspendan las penas para los casos de Teorodar Vásquez, cuya apelación ha sido rechazada y quien lleva diez años en prisión y Evelyn Hernández, cuya sentencia fue confirmada en octubre pasado.

    El Salvador no es país para mujeres, es un país profundamente conservador, discriminatorio y violento en materia de derechos sexuales y reproductivos. En una reforma constitucional realizada en 1999 por el partido derechista Arena, se eliminaron los tres causales de aborto reconocidos desde 1974 y se agrabarón las penas. Además su constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Desde entonces toda mujer que aborta es sospechosa de un delito.

    Se persigue a la mujer que aborta, con penas de entre dos y ocho años de cárcel. Se persigue al personal sanitario que colabore, con hasta cinco años de prisión. Se persigue a quien no denuncie a un tercero. Además se incluyó en la legislación el delito de   “homicidio agravado”, que es el que se aplica a mujeres que aseguran haber sufrido complicaciones en el parto, y que tiene penas de hasta 40 años.

    Tal y como señalan todos los estudios e informes internacionales, la criminalización del aborto no reduce su practica , por el contrario, es eficaz poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Sobre todo de aquellas que son pobres y no tienen acceso a servicios de salud así como a métodos anticonceptivos modernos.

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