• 10/03/2017

    La situación del aborto en México. Cuestión de derechos

    Desde hace 10 años la interrupción voluntaria de embarazo es legal en Ciudad de México, hasta las 12 semanas de gestación y sin alegar causa. Sin embargo a tan solo unas millas de distancia, fuera de la capital, decidir abortar se convierte en un delito.

    En México, la regulación del aborto, depende de cada estado, principalmente se dan tres causales que permiten acceder a la interrupción del embarazo de forma legal, estos son:  por malformación genética grave del feto, cuándo el embarazo es producto de violación y cuándo corre riesgo la vida de la madre en caso de continuar con la gestación.

    Sin embargo a pesar de que el aborto legal sería posible en alguno de estos supuestos, en la práctica, las trabas que se imponen evitan el acceso real al aborto de las mujeres, incluso para las que el embarazo ha sido producto de una violación.

    Muchos de los estados de México, en más de 22 del país, se ha reformado la constitución para criminalizar el aborto persiguiendo tanto a las mujeres que deciden abortar como a los médicos que pudieran participar en su práctica. Estados como Guanajuato, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz. Limitan del derecho de las mujeres a acceder a un aborto legal y seguro, poniendo en riesgo su vida y salud. Esto provoca que decenas de miles de mujeres se vean obligadas a acudir a la capital recorriendo cientos de kilómetros para poder acceder a un aborto legal y seguro. Según datos de la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México, en los últimos 10 años 174.113 mujeres interrumpieron su embarazo en la Ciudad de México. De estas, el 28,8% (50.185) procedían del Estado de México, seguido por estados como Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Veracruz y Guanajuato.

    El perfil de la mayoría de mujeres que deciden abortar son, solteras entre los 18 y 24 años, sin ingresos y con estudios hasta la preparatoria.  

    En Ciudad de México la situación dista mucho de ser óptima para las mujeres que deciden abortar y no disponen de recursos para costearse la interrupción en centros privados. Sólo hay 13 clínicas públicas y gratuitas en las que se puede abortar, 13 para una población de más de ocho millones de habitantes donde la mitad son mujeres. De estas clínicas, sólo dos están destinadas a atender a mujeres que vienen de otros estados.  

    Esta situación provoca grandes esperas, más cuando las fichas para acceder a una consulta son menos de quince por día, y en solo dos, menos de cincuenta por día. Esto hace que las filas para obtener ficha y ser atendida comiencen a las 5 de la mañana, sumándose que el acceso a las clínicas no suele ser sencilla ya que están situadas en lugares poco conocidos y en ocasiones suelen instalarse frente a las clínicas grupos anti-elección que intentan intimidar a las mujeres y convencerlas para no seguir adelante con la interrupción.

    Una vez se accede a la clínica, los requisitos son muy estrictos y en muchos casos el personal atiende de forma inadecuada a las mujeres. Tras el aborto las clínicas públicas insisten en que las mujeres vuelvan a su casa con un método anticonceptivo permanente, incluso hay ocasiones en que si la mujer manifiesta que no quiere ponerse anticonceptivo, la amenazan con no hacerle el aborto. Los métodos más comunes que se dispensan a las mujeres y que son gratuitos son el DIU y el implante subdérmico.

    Desde las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, se demandan más recursos para mejorar esta situación. Así defienden que deberían asegurarse las interrupciones del embarazo, más allá de la semana 12, por otros causas; además deberían ampliarse el número de semanas para poder abortar.

    La regulación actual el Ciudad de México es el “mínimo básico” que debería existir en todo México para que toda mujer, independientemente de su territorio, edad o condición económica, pueda acceder en condiciones de equidad a un aborto legal y seguro, para que ninguna sufra secuelas de un aborto clandestino e inseguro.

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