Tras el anuncio de Mario Delgado (coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional, Morena) en la Cámara de Diputados, informando del aplazamiento hasta septiembre del debate sobre la despenalización del aborto en todo el país. Organizaciones civiles en defensa de los derechos sexuales y reproductivos han visto como una vez más el urgente tema del aborto se ve nuevamente postergado, un tema de justicia social prioritario que afecta a cientos de miles de mujeres en México.
En vísperas del 8 de Marzo Obrador ya dijo a distintos medios de comunicación que en relación a la despenalización o no de la interrupción del embarazo, su postura era la de no abrir ahora esos debates. Dejando claro que este tema no es prioritario en su agenda nacional.
Para muchas organizaciones el aborto, aunque no esté en la agenda presidencial, debe ser un tema urgente de salud pública, el gobierno debe garantizar a su población el derecho a unos servicios sanitarios seguros, para que toda mujer que desee interrumpir un embarazo, lo haga en las mejores condiciones sanitarias posibles. Sin tener que poner en riesgo su vida, su salud y sin que se las criminalice por ello.
En México, según Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida) entre 2007 y 2016 se han reportado 4.246 por delito de aborto. Cifras que revelan la magnitud de este problema en México. Mujeres que han sido condenadas a prisión por causa de un aborto y que la mayoría de los casos son mujeres pobres, de zonas rurales e indígenas.
Otro de los graves problemas de la criminalización del aborto, es que aboca a las mujeres hacia abortos clandestinos. Se habla de miles de víctimas anuales por abortos inseguros en México. Según un estudio del Instituto Guttmacher, se habla que en el país se producen entre 750.000 y el millón de abortos inseguros al año. Una cifra que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de eliminar la muerte materna a causa de los abortos clandestinos.
En este sentido, la legalización del aborto debe ser un tema prioritario para el gobierno de Obrador, Por justicia social ya que son las mujeres pobres y con menos recursos las víctimas que finalmente quedan presas o mueren por aborto.
La presión de grupos conservadores contrarios al aborto así como la iglesia no debe ser la razón por la que el gobierno de López-Obrador haga dejación de sus funciones y no aborde el tema del aborto como una deuda de justicia social con las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida.