Un año más defensoras de los derechos humanos de todo el mundo siguen reclamando que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluido el acceso al aborto legal y seguro para que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo y su vida.
En 2020, la pandemia mundial por Covid-19 ha convertido este reclamo en una urgencia ante la catástrofe sanitaria a nivel global y la perspectiva de un futuro muy sombrío en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Según estimaciones de la ONU, los confinamientos obligatorios, las barreras a la movilidad o la falta de servicios de salud, ya deficientes antes de la pandemia, trazan un futuro muy sombrío en el que se prevé podría dejar a 47 millones de mujeres en todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos. Lo que provocaría que siete millones de mujeres se enfrentaran a embarazos no deseados.
Muchos de ellos embarazos no planificados serán en Latinoamérica donde el acceso al aborto legal, en la gran mayoría de países, está penalizado y criminalizado con leyes de aborto muy restrictivas que hace que las mujeres recurran a procedimientos inseguros o entren en un circulo vicioso de marginación y pobreza.
La situación de pandemia ha agravado aún más esta situación. En México las cuarentenas, las restricciones de movimiento y las alteraciones de las cadenas de suministros, junto con la prioridad de enfocar los servicios de salud a luchar contra la covid-19 ha provocado que una gran numero de mujeres y niñas no reciban atención a su salud sexual y reproductiva.
El acceso al aborto ya era un proceso complicado en México pero ahora con la pandemia, se ha visto obstaculizado aún en las entidades dónde está garantizado el derecho a decidir.
Por otro lado, México es el segundo país de la región con más muertes maternas por covid-19 después de Brasil. Desde mediados de julio el coronavirus es la principal causa de mortalidad materna de las mexicanas.
Los derechos sexuales y reproductivos deben ser una prioridad real para el gobierno de México. El acceso al aborto legal y seguro, a la anticoncepción o a las emergencias obstétricas en la pandemia son una emergencia sanitaria de primer orden que deben ser garantizadas para proteger la vida y salud de mujeres y niñas en México.