En el año 2020, del 1 de enero hasta el 26 de octubre, 3 mil 81 niñas y adolescentes entre 9 y 17 años han tenido un embarazo que llegó a término. Los municipios con más casos registrados de embarazo de niñas y adolescentes son: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa de Comonfort, Zihuatenajo de Azueta e Iguala.
Paralelamente a esta situación la Comisión de Justicia de la Entidad pretende limitar y con mas restricciones el aborto por violación. Un supuesto que es legal en todo el país pero que intentan obstaculizarlo para que niñas, adolescentes y mujeres adultas no puedan acceder a él.
Según explican activistas defensoras de los derechos humanos, con el dictamen al Código Penal, en su artículo 159, fracción I, las mujeres y niñas embarazadas por violación tienen que denunciar previamente el delito ante la Agencia del Ministerio Público para poder acceder a la ILE, limitándolo hasta las doce semanas, si así lo deciden ellas.
Este dictamen revierte derechos ya ganados a favor de las víctimas de violencia sexual y contraviene mandatos establecidos en normas internacionales, nacionales y estatales así como a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según denuncian las activistas.
Muchos de los embarazos no deseados, sobre todo los referentes a niñas menores de 15 años, se producen por violencia sexual, incesto, matrimonio arreglado y forzado. Como ejemplo, en 2017 se registraron 9.463 nacimientos productos de embarazo infantil en niñas de entre 10 y 14 años en México. En el 93% de los casos las niñas tuvieron su primer acercamiento sexual entre los 5 los 9 años, pero solo el 2,8% reconoce este hecho como violencia sexual.
El 70% de los embarazos infantiles son resultado de la violencia, los responsables les triplican la edad y suelen ser personas conocidas cercanas a las víctimas, normalmente familiares.
El embarazo infantil y adolescente en México es un problema de salud pública de primer orden, que impacta brutalmente en el bienestar físico y psicosocial de las menores.
Es un deber de los Gobiernos poner todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también de las niñas y adolescentes, dentro de los cuáles se encuentra el acceso a la justicia, a la reparación del daño causado y a la posibilidad de optar a servicios de aborto sin ningún tipo de traba ni obstáculo.