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Penalizar el aborto no disminuyen su práctica, lo hace más inseguro

Un estudio reciente del Instituto Guttmacher y la prestigiosa revista científica “The Lancet”, analiza la situación del aborto provocado en países donde existen leyes que lo penalizan y criminalizan, comparándolo con países cuyas leyes garantiza el acceso al aborto legal y seguro. 

El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida ha sido una reivindicación histórica de la agenda feminista y de las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. A la vez, restringir, criminalizar y penalizar este derecho de acceso al aborto, ha sido y sigue siendo un tema prioritario para los grupos conservadores tanto de la iglesia católica o evangélica como de los partidos políticos de derecha y ultraderecha. 

Sin embargo, en contra de los discursos reaccionarios que dicen actuar para “defender la vida”. El acceso al aborto legal es un problema de salud púbica, que debe ser atendido por los gobiernos para que pueda realizarse en condiciones de legalidad y seguridad que garanticen la salud y la vida de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo que no desean llevar a término. 

En el estudio se analiza la relación entre embarazos no deseados, abortos realizados y la normativa legal existente en 166 países. Según los datos recogidos, en el periodo de 2015 a 2019, hubo un promedio de 121 millones anuales de embarazos no planificados. En él no se encontró diferencias sociales entre los embarazos no deseados en los diferentes países, pero sí cuándo se analizan las consecuentes respecto a las condiciones de vida y el acceso al aborto legal. 

Los datos del estudio muestran con total claridad cómo en los países de ingresos bajos, las tasas de aborto (38 por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años) son mayores que las tasas de aborto en países con ingresos altos (15 abortos por cada 1000). Esta diferencia solo se explica porque en países con altos ingresos existen legislaciones que reconocen el derecho al aborto, acompañándose de políticas públicas de promoción de la salud sexual y reproductiva como son educación sexual integral, acceso a la salud sexual y a los métodos anticonceptivos. 

Además los datos muestran como en los países donde existe una legislación restrictiva del aborto y  alto índice de pobreza (bajos ingresos, trabajo precario, abandono escolar temprano…) es donde se dan las tasas más altas de embarazos no deseados (101 cada 1000) mientras que en países de ingresos altos y aborto legal, la tasa de embarazos no deseados es mucho menor (30 cada 1000).

Por último señalar, tal y como se demuestra en el estudio, que el derecho al aborto no solo reduce las tasas de aborto, sobre todo los abortos inseguros. Además disminuye la tasa de embarazos no deseados. 

Contra los discursos que abogan por penalizar el aborto para supuestamente “defender la vida”, la realidad ampliamente contrastada se impone, no legalizar el aborto no disminuye su número y además promueve que los abortos voluntarios sean más inseguros, poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres. 

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